De acuerdo con el informe de Reporteros Sin Fronteras, 2017 fue el menos mortífero para la profesión en los últimos 14 años. Aun así, la cifra sigue siendo escalofriante: 65 periodistas fueron asesinados en el mundo o, mejor dicho, en determinados países del mundo. Esos países donde armarse de un teclado, una cámara y un compromiso supone desafiar a la muerte. Y no precisamente a la que pueda llegar durante la cobertura de un conflicto bélico.
Del total de periodistas asesinados, 12 perdieron la vida en México, donde a día de hoy, 16 de enero de 2018, recién comenzado el año, ya han muerto dos compañeros más: José Gerardo Martínez y Carlos Domínguez Rodríguez.
El primero, de 35 años y editor del periódico ‘El Universal’, había salido de casa la noche de Reyes para comprar juguetes a sus hijos; el segundo, Carlos Domínguez Rodríguez, veterano freelance especializado en crónica política, fue asesinado la tarde del pasado 13 de enero cuando conducía un automóvil acompañado de su hija en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, México.
El perfil de los periodistas asesinados en 2017 en México es el de reporteros que escriben para pequeños medios locales, trabajan sobre el terreno y están especializados en corrupción política. Y el actual mandato del presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, podría ser más mortífero que el de Felipe Calderón (2006-2012), que registró 48 asesinatos a periodistas. Cuatro periodistas murieron en 2013, cinco en 2014, siete en 2015, 11 en 2016 y 12 en 2017. Dos en estos primeros quince días de enero de 2018.
Por otra parte, a menudo, el Gobierno señala los asesinatos a periodistas como daños colaterales del narcotráfico y cada vez hay más voces que denuncian que la Fiscalía mexicana desvincula la actividad periodística del móvil del crimen y lo atribuye a otras razones.
En el caso de Gumaro Pérez, último reportero asesinado en México en 2017, la Fiscalía General de Veracruz señaló que la víctima podría haber tenido vinculaciones con la delincuencia organizada del que es, sin duda, el estado mexicano más mortífero para el gremio periodístico con 24 asesinados desde el año 2000, en su mayoría bajo el gobierno de Javier Duarte, procesado por corrupción y delincuencia organizada.
Lo cierto es que el país está atravesando un periodo de violencia creciente, a lo que se une otra denuncia igual de grave y preocupante: más del 90 % de los crímenes contra reporteros quedarían impunes. Una impunidad que podría explicarse por la “corrupción generalizada que reina en el país, patente sobre todo a escala local, ámbito en el que miembros del gobierno a veces están relacionados con los cárteles”. En definitiva, matar a quien no calla saldría casi siempre gratis.
Tanto la Organización de Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevan años condenando estos crímenes, a la vez que reclaman al Gobierno un significativo aumento de los “recursos para la protección de periodistas”. Porque la ineficacia de los actuales mecanismos de amparo para los comunicadores es tan trágica como patente.
Los periodistas Pineda, Adame y Ríos, por ejemplo, se habían acogido a dichos mecanismos de amparo gubernamentales que no pudieron garantizar su integridad y, por otra parte, muchos de los periodistas ‘protegidos’ aseguran haber detectado fallos en el funcionamiento del ‘botón de pánico’, el sistema de control remoto mediante el cual los reporteros dan la voz de alarma cuando se sienten amenazados. Porque, aparte de los asesinatos, la violencia contra los periodistas en México se ejerce cada día a través de amenazas, intimidaciones y ataques físicos.
Los diversos informes realizados por Reporteros Sin Fronteras insisten en señalar que en México, “donde imperan los cárteles del narcotráfico, los periodistas que abordan temas como el crimen organizado o la corrupción de los políticos, sufren casi de manera sistemática amenazas, agresiones y pueden ser ejecutados a sangre fría”. La citada organización señala, por ejemplo, el caso de Javier Valdez, asesinado el 15 de mayo en el estado de Sinaloa.
Su asesinato, asegura RSF “provocó una ola de indignación en el país. Este curtido periodista de 50 años de edad, que colaboraba con la AFP y con medios de comunicación locales como ‘La Jornada’ y ‘Ríodoce’, se especializaba en el tema del narcotráfico. En su último libro, titulado ‘Narcoperiodismo: La prensa en medio del crimen y la denuncia’, abordaba directamente el calvario de los periodistas mexicanos que intentan informar sobre las acciones de estos grupos, a pesar del peligro”.
En cuanto a los casos de desaparecidos, RSF cuenta dos en todo el mundo este año, uno en Paquistán y otro en Bangladés. Sin embargo, la organización Artículo 19, fundada en 1987 con ámbito internacional para defender la libertad de expresión y el derecho a la información, calcula que en México hay 23 periodistas desaparecidos. Artículo 19 denuncia, además, que el 50% de las agresiones habrían sido obra de funcionarios públicos.
Con la muerte de Carlos Domínguez el pasado fin de semana, Tamaulipas ocupa, junto con Oaxaca, el segundo lugar en número de homicidios de periodistas, con 15 casos registrados, sólo superados por Veracruz con 21 homicidios de comunicadores. En su informe de 2017, “Defender el derecho a la palabra y el derecho a saber”, en el que se denuncia asimismo conceptos nuevos como la política de la posverdad,
Artículo 19 augura para México “un panorama poco alentador” en el futuro. De acuerdo con las declaraciones de la directora de esta organización, Ana Cristina Ruelas, “México tendrá elecciones presidenciales en 2018, y el citado informe muestra como en determinados estados el ambiente electoral es un detonante del aumento de agresiones contra la prensa”. Y añade: “Nos vamos acercando a un escenario electoral muy complejo (…) con prácticas muy sucias por parte de partidos políticos”.
