El Gobierno de Turquía de Recep Tayyip Erdogan ha ordenado el despido de 18.632 funcionarios, en su mayoría militares y policías, por supuestos vínculos con “organizaciones que amenazan la seguridad del Estado”.
Las expulsiones fueron publicada en el Boletín Oficial por medio de un decreto al amparo del estado de emergencia impuesto en el país tras el fallido golpe de Estado de julio de 2016, y que está previsto que concluya este lunes.
Casi 9.000 policías y 6.000 militares, pero también unos 1.000 empleados del Ministerio de Justicia y unos 650 profesores se han visto afectados por la medida, que los medios turcos presentan como la última bajo el estado de emergencia.
Además, 12 asociaciones, tres diarios y un canal de televisión han sido clausuradas también por el decreto, que incluye, por otro lado, la readmisión de 148 personas al funcionariado.
Estos despidos se enmarcan dentro de la intensa purga en la Administración, destinadas a expulsar del funcionariado a simpatizantes del predicador exiliado Fethullah Gülen, al que Ankara acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado de 2016.
El Gobierno del islamista Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), que en el pasado fue un estrecho aliado del predicador, acusa a la red de Gülen de haber organizado la asonada, algo que el clérigo niega.
Desde el fallido golpe, alrededor de 130.000 funcionarios, militares y policías, así como empleados de otras instituciones estatales, han sido expulsados de su trabajo por supuesta pertenencia a la red de Gülen.
Decenas de miles de personas se encuentran también detenidas, muchas todavía a la espera de juicio, tras la fallida asonada.
“ANIQUILACIÓN PROFESIONAL”
Organizaciones como Amnistía Internacional han criticado estas purgas masivas por considerarlas arbitrarias ya que se realizan bajo acusaciones genéricas.
Los afectados están además condenados a la “aniquilación profesional”, según denunció Amnistía Internacional, porque, tras ser expulsados, es muy difícil encontrar trabajo en el sector privado, temeroso de contratar a personas señaladas como enemigos políticos.
Aunque la mayoría de los expulsados son supuestos simpatizantes de Gülen, también se ha despedido, especialmente en la Universidad, a académicos de izquierda críticos con el gubernamental partido islamista AKP.
El estado de emergencia se levantará probablemente este lunes tras la toma de posesión del presidente Erdogan, ya que fue una de las promesas de su campaña en las pasadas elecciones parlamentarias y presidenciales del 24 de junio. También entrará en vigor un nuevo sistema presidencial que otorga amplísimos poderes ejecutivos al presidente.
