¿Qué ocurre cuando los niños son los asesinos? ¿Cuando menores de edad matan con crueldad extrema a una pareja de ancianos, víctimas igualmente indefensas?
La edad penal en España se fija en la edad biológica –Sistema biológico puro- con independencia del grado de madurez del menor, que sin embargo sí es tenido en cuenta en otros países como Gran Bretaña. Allí, después de muchos años batallando con bandas de menores que se sabían inimputables por su (corta) edad, rige en la actualidad el Sistema de discernimiento. Según este sistema, el menor que ha cometido el delito se somete a un juicio de discernimiento llevado a cabo por especialistas –por lo general psicólogos y psiquiatras- que redactan un informe en el que declaran si, a su juicio, el menor era capaz de discernir lo que estaba haciendo o no en el momento de cometer el delito. En caso afirmativo se le considera responsable del acto y tendría que responder ante la ley igual que lo haría un adulto.
En nuestro país, esta clase de peritaje, por otra parte muy arriesgado como lo es en realidad cualquier tipo de ‘opinión’ por mucho que venga de un especialista, no tiene razón de ser, ya que la frontera entre ser imputable de un delito o no serlo viene marcada con la precisión de un bisturí. Un menor de 14 años, aunque dentro de dos días o de dos horas cumpla 15, es inimputable –exento de toda responsabilidad penal– sea cual sea el delito cometido, robo, agresión o asesinato, mientras que si su edad está entre los 14 y los 18 años responderá de acuerdo con la Ley Penal del menor.
Aunque la tendencia a nivel internacional sea la de bajar la edad penal a los 12 años, en España la mayoría de los expertos consideran que esto sería contradictorio con la propia Ley del menor, que busca “protegerlo”. Así, los delitos que comenten los menores de 14 años se consideran un “coste social” y el sistema opta por aplicar ciertas medidas de protección que intenten corregir el desviado desarrollo socioeducativo. Por ejemplo, poniéndolos bajo la tutela del Estado en una casa de acogida.
En el tramo de edad entre los 14 y los 18 años, por el contrario, sí puede actuar la Ley Penal del Menor. Y si el menor rebasa los 18 años durante la condena, el juez podrá ordenar el cumplimiento del resto de la pena en una prisión para adultos. En cambio, si sobrepasa los 21 años, el cambio a esta prisión es obligatorio. Se entiende, asimismo, que hay que marcar aún más las fronteras de la responsabilidad penal de los más jóvenes, por lo que existen dos tramos con diferente pena: entre los 14-15 y los 16-17 años.
Al margen de tanta precisión legislativa, la realidad siempre acaba por imponerse para poner en cuestión lo que la ley ha dispuesto. Por descontado, nunca hay respuesta fácil. Mucho menos, inmediata. Igual que con la prisión permanente revisable, desde las instituciones se advierte que en el caso de la Ley del menor no puede pensarse en introducir cambios “en caliente”. Y así es, en pleno hervor, como, especialmente en Bilbao y más en concreto en el barrio de Otxarkoaga, se encuentran los ánimos de vecinos y familiares de la pareja de ancianos de 87 años asesinados hace una semana en su domicilio, presuntamente por tres menores de edad que llevaban tiempo haciendo gala de su violencia en el barrio.
Por desgracia, no son los únicos menores que han estado sembrando el terror en la ciudad. Bilbao lleva tiempo enfrentándose con miedo, estupor e indignación al inesperado brote de violencia protagonizado por menores organizados en bandas. Los mandos policiales tratan ahora de rebajar el alarmismo creado por las familias, mientras que a las instituciones de la ciudad, por otra parte, también le preocupan la imagen que se da al exterior. Porque este año, la capital vizcaína, designada recientemente como la Mejor Ciudad Europea de 2018, acogerá importantes eventos internacionales, como la Gala de entrega de los premios europeos de la cadena musical MTV, las finales de la Champions europea de Rugby y la Gala de The World’s 50 Best Restaurants.
Hasta el brutal asesinato de la pareja octogenaria, el caso más mediático, el que hizo que se empezara a hablar a nivel nacional de las bandas de delincuentes juveniles que hacían estragos en el País Vasco, ocurrió el 23 de diciembre pasado. Ibon Urrengoetxea Urren, exfutbolista del Amorebieta, caminaba por el puente de El Arenal cuando le asaltaron un chico de 13 años y otro menor, de 16. Fue este último quien propinó una patada en la cabeza a Urren, que se desplomó en el suelo fracturándose el cráneo. Murió en el acto.
Días después la Ertzaintza lograba identificar a los chicos a partir de las imágenes de cámaras de seguridad y las declaraciones de los testigos. No eran desconocidos, a pesar de su edad ambos tenían un largo historial delictivo relacionado con robos con violencia e intimidación a otros chavales en zonas céntricas de Bilbao y que a veces actuaban “en manada”. Con otros siete u ocho “angelitos” armados de puños americanos, objetos punzantes, porras e, incluso, uno o más perros de raza pitbull. También se les relacionó con la violación múltiple de una menor en Barakaldo el 28 de diciembre y con la agresión salvaje a dos jóvenes en una boca del Metro bilbaíno que causó a uno de ellos la pérdida total de visión de un ojo.
Como tampoco eran desconocidos los tres menores de edad que mataron, presuntamente, a golpes y navajazos al matrimonio de octogenarios en Otxarkoaga. Los vecinos aseguran que se habían “especializado” en asaltar a los ancianos. Los más débiles y desamparados eran sus víctimas favoritas. Espeluznante. Expertos penalistas, sin embargo, insisten en señalar que rebajar la edad penal no hace que disminuyan este tipo de delitos. Según la última memoria de la Fiscalía General del Estado, en España se archivaron en 2016 un total de 9.496 diligencias por tratarse de implicados de edad inferior a los 14 años. No se especifica cuántos de esos casos fueron por supuestos homicidios o delitos de extrema gravedad, aunque el informe sí concluye que la cifra de 2016 es la más alta desde 2011.
Los fiscales de menores del País Vasco también son partidarios de mantener la edad penal de los menores en los 14 años. Por su parte, el presidente de la Asociación de Familias de Otxarkoaga, Pablo Herrán, se pregunta por qué no se ejercía ningún tipo de control sobre estos niños que no iban a clase. “¿Acaso los colegios e institutos no buscan explicación a su reiterada ausencia? ¿Dónde estaban los servicios sociales?”, se pregunta Herrán y, con él, la mayoría de los vecinos del barrio, apuntando directamente a un fallo de los servicios sociales, que conocían que los niños formaban parte de familias desestructuradas, por lo que “se debería haber actuado mucho antes” visto el camino delictivo emprendido por los menores. Además, uno de los detenidos por el asesinato de Lucía y Rafael estaba en el momento del crimen bajo la tutela de la Diputación de Vizcaya.
Para el alcalde la ciudad, Juan María Aburto, lo ocurrido es, sin embargo, “un fracaso social en el que están implicados más factores que el policial”. Y sus preguntas –también las tiene, como todos- están encaminadas a la cuestión de las responsabilidades más allá de los propios autores de los hechos. Porque para Aburto que dos menores de 14 años sean capaces de matar a dos personas de 87 con una brutalidad extrema “debe suponer una reflexión de carácter multidisciplinar”. Una “reflexión social amplia”, ya que, a su juicio, la “responsabilidad está muy compartida” y cada ámbito “debe adoptar las decisiones correspondientes”. Asegura, en todo caso, que se trata de “hechos puntuales” que han coincidido en un breve espacio de tiempo provocando alarma social y que Bilbao sigue siendo una ciudad segura.
